NUEVAMENTE EL CASO FONTEVECCHIA

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Asunción de obligaciones internacionales. Posición de la Corte Suprema Nacional. Mecanismo reivindicatorio. Asentamiento de leyenda.
Por Alejo Osvaldo BASUALDO MOINE*

I. Asunción de obligaciones internacionales:

Desde un horizonte eminentemente genérico aparece como razonable postular que, dado la evolución exteriorizada en torno a la supremacía asignada a los derechos humanos a nivel universal, debe zanjarse la antinomia entre si cuadra la prevalencia del control de constitucionalidad sobre su similar de convencionalidad o si, a la inversa, el criterio de convencionalidad debe tutelar los paradigmas constitucionales.

El adecuado criterio que debe observarse es una técnica de armonización y complementación pues dicho temperamento le permitirá al Órgano Judicial estatal seleccionar la norma que con mayor énfasis atienda la salvaguarda de los derechos y garantías puestas en crisis. Empero, dicha sistemática no es dable de apuntalarse en una aplicación de carácter automático respecto a los precedentes nacionales e interamericanos sino que debe obedecer a una auténtica vocación de búsqueda y utilización de la normativa más favorable a cada caso concreto que se le presente al órgano. (1)

Ya a esta altura cuadra destacar, en orden a la asunción por cuenta de los Estados parte a la égida del control de convencionalidad generado mediante vía pretoriana por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dicho temperamento debe reafirmarse en un serio relevamiento tendiente a desembocar en una real y efectiva supremacía de los axiomas que insuflan la convención americana de los derechos humanos (en adelante C.A.D.H.). (2)

Siempre desde un plano abstracto corresponde poner de manifiesto -como acaeció en el Fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en adelante C.S.J.N.) que condenó a dos periodistas a abonar indemnización por gravamen a un ex Presidente de la Nación por publicar una noticia respecto a su paternidad que, en definitiva se comprobó que era absolutamente cierta- que resulta menester promover mecanismos jurisdiccionales que, sin deteriorar el principio angular de cosa juzgada, salvaguarden el aspecto normativo e institucional de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos amparando su sustrato axiológico.

A esta altura del relato corresponde recordar que, mediante Fallo de la C.S. J.N. del 14 de febrero de 2017, in-re: “FONTEVECCHIA” por cuatro votos contra uno, se determinó que la prelación normativa e institucional en la cima del trapecio jurídico se asigna a la Constitución Nacional (en adelante C.N.) y a la C.S.J.N. respecto a los instrumentos internacionales y a los entes supranacionales, en ese orden. (3)

Empero, cuadra remarcar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante C.I.D.H.) expuso (4) que las obligaciones que impone el derecho internacional a los Estados parte debe ser acatada de buena fe y no corresponde para su incumplimiento la invocación de impedimentos derivados del Derecho Interno. Este axioma es considerado como un principio general del derecho y se ha aplicado incluso tratándose de disposiciones de índole constitucional por la Corte Permanente de Justicia Internacional y la Corte Internacional de Justicia y su codificación se efectuó en los arts. 26 y 27 de la Convención De Viena Sobre El Derecho De Los Tratados.

Así las cosas, dado la contradicción que encierra el principio de cosa juzgada derivado de un Fallo de nuestra C.S.J.N. y las resultantes del pronunciamiento de la C.I.D.H. por transgresión a los postulados de la C.A.D.H., la justicia del Estado Argentino, por intermedio de su cimero Tribunal, deberá zanjar la cuestión en ese ámbito en el cual interactúan el Estado constitucional y convencional.

Ello exige la retroalimentación de fuentes jurídicas internas e internacionales en orden a la significación de los derechos humanos.

Así, el intérprete deberá analizar la temática a resolver de modo concordante con la C.N. y el Derecho Internacional obligatorio de los derechos humanos. Para ello, deberá propender al acatamiento de las recomendaciones que contienen los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cumplir con las sentencias dictadas por la C.I.D.H. que ostentan carácter de cosa juzgada en orden al Estado parte condenado y observar las opiniones consultivas que de aquella emanen. (5)

La manera mediante la cual el Estado Argentino zanja esta contradicción emanada de los principios en juego se abordará “infra”. Ello implica una sistemática de fiscalización relativa al cumplimiento de las obligaciones convencionales asumidas por el Estado Argentino sobre el tópico de respeto a los derechos humanos que va acercando los extremos de la grieta existente entre el discurso norma-lógico y las concreciones fácticas de los contenidos de la C.N. y los instrumentos internacionales.

II. Posición de la Corte Suprema Nacional:

Tal como lo expresó la Resolución de C.I.D.H., de fecha 18 de octubre de 2017, recién en abril de 2016 el Estado Argentino comunicó a aquélla el primer informe relativo al cumplimiento del pronunciamiento en la causa “FONTEVECCHIA y D’AMICO vs. ARGENTINA, FONDO, REPARACIÓN Y COSTAS”, sentencia de la C.I.D.H., Serie C, N° 238 del 29 de noviembre de 2011, notificada el 15 de diciembre de 2011.

Previamente a adoptar esta tesitura, el Fallo de la C.I.D.H. mencionó que el Estado Argentino violó el derecho a la libertad de expresión prevista en art. 13 de la C.A.D.H, en perjuicio de los Sres. Jorge Fontevecchia y Héctor D’Amico.

Asimismo, en el decisorio del 18 de octubre de 2017, expuso la C.I.D.H. que Argentina debía dejar sin efecto la condena civil impuesta a los Sres. Fontevecchia y D’Amico junto con todas sus consecuencias: publicar y difundir la sentencia internacional del 29 de noviembre de 2011 por diferentes medios y abonarle a los periodistas mencionados determinadas sumas en concepto de reintegro de costas y gastos. También se había expresado que la C.I.D.H. supervisaría el cumplimiento íntegro de dicha sentencia.

El Estado Argentino comunicó a la C.I.D.H. que la cuestión se hallaba a estudio de la C.S.J.N.

En fecha 14 de febrero de 2017 la C.S.J.N. dictó pronunciamiento del cual emana que la posición asumida por nuestro Máximo Tribunal se apuntala sobre el siguiente temperamento:

1) Que el cumplimiento obligatorio de las sentencias de la C.I.D.H. en el marco de los procesos contra el Estado Argentino ostenta operatividad exclusivamente respecto a las sentencias pronunciadas por dicha C.I.D.H dentro de su ámbito de potestades remediales;

2) Por ello, no resulta factible dejar sin efecto un Fallo de la C.S.J.N. que ha pasado en autoridad de cosa juzgada;

3) La C.I.D.H. es último intérprete de la C.A.D.H., y, la C.S.J.N. es último intérprete de la C.N.;

4) La reparación ordenada por la C.I.D.H. halla adecuada satisfacción en la implementación de las medidas ordenadas en los párrafos 2° y 3° del considerando 4° del Fallo del 14 de febrero de 2017;

5) No es factible la revocación del Pronunciamiento dictado por la C.S.J.N. del 25 de septiembre de 2001 que confirmó la sentencia de la Sala “H” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil pues la revocación formal del mismo violaría lo dispuesto en los arts. 27 y 75 inc. 22) de la C.N. (6)

III. Mecanismo reivindicatorio:

Ya quedó dirimido en el acápite inmediato anterior que la anulación de una sentencia judicial pasada en autoridad de cosa juzgada no es pasible de ser realizada aunque ello sea requerido por la C.I.D.H., tal como taxativamente se desprende del voto de la mayoría en el caso “FONTEVECCHIA”, fallado por la C.S.J.N. el 14 de febrero de 2017. El resarcimiento económico en favor de los periodistas Fontevecchia y D’Amico en concepto de reintegro de costos, costas y gastos se canaliza en conducto que depende del Poder Ejecutivo Nacional por medio de los organismos competentes y tal mecanismo resulta ajeno al accionar de la C.S.J.N.

A lo “supra” expuesto debe añadirse que mediante la Resolución 4015/2017 del 5 de diciembre de 2017, la C.S.J.N. dio cumplimiento a las obligaciones internacionales del Estado Argentino en orden a una sentencia dictada por la C.I.D.H. En efecto, en el marco de autos “FONTEVECCNIA Y D’AMICO C/ARGENTINA” recayó resolución el 18 de octubre de 2017, donde la C.ID.H. aclaró que su decisión anterior del 29 de noviembre de 2011, no implicaba que la C.S.J.N. tuviese necesidad jurídica de revocar la sentencia del 25 de septiembre de 2001, registrada en Fallos 324:2895 (párrafos 16 y 35).

Por ello expresa la C.S.J.N., en su pronunciamiento del 5 de diciembre de 2017 (Resolución 4015/2017) publicada en La Ley on line del 18 de diciembre de 2017, que la aclaración del Ente Internacional aludida en el párrafo inmediato anterior se torna plenamente consistente con su decisorio del 14 de febrero de 2017 donde resolvió en el sentido de que resultaba improcedente revocar un fallo pasado en autoridad de cosa juzgada.

Agrega el cimero Tribunal del Estado Argentino que en la referida resolución del 18 de octubre de 2017 la C.I.D.H. sugirió que Argentina podía cumplir con la manda contenida en el punto dispositivo 2.- del párrafo 137 de la sentencia del 29 de noviembre de 2011 del Ente Internacional competente, mediante “algún otro tipo de acto jurídico, diferente a la revisión de la sentencia” como vg. la inserción de “una anotación indicando que esta sentencia (en referencia a la recaída en autos: “MENEN, Carlos S. C/EDITORIAL PERFIL S.A. Y Otro” ̶ Fallos 324:2895) fue declarada violatoria de la C.A.D.H. por la C.I.D.H.”.

Así las cosas, expresa la C.S.J.N. en su Fallo del 5 de diciembre de 2017 que toda vez que “La anotación sugerida por la C.I.D.H. no vulnera los principios de Derecho Público establecidos en la C.N. (art. 27), resulta adecuado acceder a lo sugerido”.

IV. Asentamiento de la leyenda:

La Resolución de la C.S.J.N. N° 4015/2017, dictada el 5 de diciembre de 2017, ordena que se asiente junto a la decisión registrada en Fallos 324:2895, es decir, en el marco de los autos: “MENEM, Carlos S. C/EDITORIAL PERFIL S.A. Y OTROS”, la siguiente leyenda: “Esta sentencia fue declarada incompatible con la Convención Americana Sobre Derechos Humanos por la Corte Interamericana (sentencia del 29/11/2011)”. Asimismo además de la reglamentaria registración dispone la comunicación al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación. Suscriben el pronunciamiento los Señores Ministros de la C.S.J.N., Dres. Ricardo L. LORENZETTI –Elena I. HIGHTON de NOLASCO –Carlos F. ROSENKRANTZ y Horacio ROSATTI.

Como reflexión cuadra señalar que el pronunciamiento de la C.I.D.H. no opera como una cuarta instancia pues no puede incidir sobre un Fallo de la C.S.J.N. revocándolo, máxime cuando la parte que obtuvo la recepción de su pretensión no actuó en el proceso tramitado a nivel internacional.

Empero, a los efectos prácticos, desde la posición de quienes promovieron la acción, es decir, ambos periodistas, los Sres. Fontevecchia y D’Amico, en autos “FONTEVECCHIA Y D’AMICO C. ARGENTINA”, dimana los efectos de una especie de recurso de revisión pues al correspondiente reintegro económico que actúa como un componente para enjugar el monto de condena oportunamente afrontado por los ahora vencedores, así como las costas y gastos, se añade el reconocimiento moral con la inserción de la leyenda abordada en este ítem.

Pese a todos los reparos que podrían oponerse a este modo de dirimir el diferendo en trato, el temperamento asumido por la C.S.J.N. en el Fallo recaído el 5 de diciembre de 2017 conforma el sistema que con mayor acierto refleja la resultante de la retroalimentación de fuentes internas e internacionales que exige el Estado constitucional y convencional.


NOTAS.

(1) ÁBALOS, María Gabriela; “Justicia Constitucional, Derechos Humanos y Control de Convencionalidad”; Diario La Ley, Año LXXX, N° 236, pág. 1, del 15 de diciembre de 2016;

(2) IBERLUCÍA, Emilio A.; “La recepción del derecho internacional en la jurisprudencia de la Corte Suprema Argentina y el control de convencionalidad”, La Ley 2011 – D, 1120;

(3) BASUALDO MOINE, Alejo Osvaldo; “Prelación normativa e institucional respecto al control de convencionalidad”, Boletín PCRam.Net;

(4) C.I.D.H. Opinión consultiva, OC 14 – 94; “Responsabilidad internacional por expedición y aplicación de leyes violatorias de la Convención Interamericana de Derechos Humanos (arts. 1° y 2° solicitada por la Comisión I.D.H., párrafo 35;

(5) BAZÁN, Víctor; “Inconstitucionalidad e Inconvencionalidad por omisión; Diario La Ley , Año LXXX N° 239, pág. 8, del 20 de diciembre de 2016;

(6) BAZÁN, Víctor; artículo citado pág. 8;


*Titular del Estudio BASUALDO MOINE, Puerto Madero – Asesor del Archivos del Sur S.R.L.”.