DERECHOS ANTIDUMPING - DESESTIMACION DE TUTELA CAUTELAR.

ABM


Breve referencia de los derechos antidumping. Sustrato fáctico jurídico del caso convocante. Las resoluciones administrativas concernientes. Circunstacias jurídico procesales del tema analizado.
Por Alejo Osvaldo BASUALDO MOINE*

I.- BREVE REFERENCIA DE LOS DERECHOS ANTIDUMPING:

El artículo 688 del Código Aduanero (en adelante CA) expresa que “Existe dumping cuando el precio de exportación de una mercadería que se importare fuere menor que el precio comparable de ventas efectuadas en el curso de operaciones comerciales normales, de mercadería idéntica o, en su defecto, similar, destinada al consumo en el mercado interno del país de procedencia o de origen, según correspondiere”

Dicho concepto de dumping coincide con la definición del artículo 2° del Acuerdo Antidumping (AAD)

El dumping acarrea como consecuencia efectos dañosos a la producción nacional a raíz de la importación de mercadería que arriba subvencionada (en sentido amplio)

Sucede que en el ámbito del comercio exterior se conceden diferentes modalidades de subvenciones respecto a determinadas mercaderías, persiguiendo distintos objetivos.

En esa tesitura interesa destacar que cuando se mencionan subvenciones o subsidios (propiamente dichos) se consideran que son los Estados quienes se hallan involucrados, mientras que, cuando se hace referencia a la figura del dumping, se está aludiendo a situaciones derivadas del accionar de empresas.

El C.A., en alusión al fenómeno dumping, dispone, como una metodología para superar los perjuicios que acarrea a la producción nacional, en el artículo 687, que la importación para consumo de mercadería en condiciones de dumping podrá ser gravada por la autoridad de aplicación mediante un derecho -antidumping-. Para que tal gravamen se imponga, la importación de la aludida mercadería deberá:

  1. Causar un perjuicio importante a una actividad productiva que se desarrolle en el territorio aduanero;

  2. Amenazar con causar en forma inminente un perjuicio importante a una actividad productiva que se desarrolle en territorio aduanero, y,

  3. Retrasar de modo sensible, la iniciación de una actividad productiva en el territorio aduanero en el supuesto de que los actos tendientes a concretarla estuvieren en curo de ejecución.

De modo tal que el artículo 687 C.A. precisa los presupuestos para que sea viable la aplicación de los derechos antidumping, mencionándose que deberá tratarse de una importación para consumo, añadiendo que dicha importación debe efectuarse en condiciones de dumping y que pueda propender a la exteriorización de alguna de las consecuencias perjudiciales indicadas en los incisos a), b) y c) de dicho artículo. Finalizada la correspondiente investigación, si de ella emana que están reunidos los presupuestos emergentes de la norma (artículo 687 CA), la autoridad de aplicación queda facultada, aunque no obligada, a la aplicación de los derechos antidumping. Ello es así toda vez que la expresión “podrá” alude a que se trata de una potestad discrecional.

II.- SUSTRATO FACTICO JURIDICO DEL CASO CONVOCANTE:

La firma “ALLIMPORT SA” dedujo una medida cautelar pretendiendo que se declare inaplicable a su respecto la Resolución 686/16 mediante la cual el MINISTERIO DE PRODUCCION estableció un derecho antidumping para mercaderías que se clasifiquen en determinada posición arancelaria a los fines de la liquidación a efectuar en oportunidad de nacionalizarse la misma. En este caso dicha mercadería se hallaba amparada por el conocimiento de embarque FDNBSE 1701151. La pretensión de la firma “ALLIMPORT SA” perseguía que el Estrado Judicial destituyere los efectos de la Resolución 686/16 del Ministerio de Producción, y, procediere a disponer que la liquidación provisoria de los derechos “supra” referidos se practicara de acuerdo a la Resolución 88/2011 del ex MINISTERIO DE INDUSTRIA, que se hallaba vigente a la fecha de adquisición de la mercadería.

Bajo esa línea argumental, “ALLIMPORT SA” ofrece abonar caución por la diferencia de tributos.

III.- LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS CONCERNIENTES:

En lo que a estas breves notas específicamente interesa, corresponde señalar que la Resolución 88/2011 del ex MINISTERIO DE INDUSTRIA, en el artículo 2° de la parte resolutiva, dispone “Fijase para las operaciones de exportación hacía la REPUBLCA ARGENTINA de cintas métricas, en todas sus variantes de presentación, excluidos metros plegables y los tipos usados en sastrerías y excluidas las cintas métricas no metálicas para medidas anatómicas, originarias de la REPUBLICA POPULAR CHINA, mercadería que clasifica en la posición arancelaria de la Nomenclatura Común del Mercosur (N.C.M.) 917.80.10, un valor mínimo de exportación FOB definitivo en DOLARES ESTADOUNIDENSES CERO COMA CINCUENTA Y CUATRO (U$S 0,54) por metro lineal.”

A su turno, el artículo 3° de dicha Resolución 88/2011, de fecha 11/03/2011, expresa que “Cuando se despache a plaza la mercadería descripta en el artículo 1° de la presente resolución a precios inferiores al valor mínimo de exportación FOB definitivo indicado en el artículo 2° de la presente resolución, el importador deberá abonar un derecho antidumping equivalente a la diferencia existente entre dicho valor mínimo y los precios de exportación FOB declarados.”

El artículo 1° alude a la mercadería que clasifica en la posición arancelaria de la N.C.M. 9017.80.10 con las características y exclusiones que se recrean en el artículo 2°.

Cuadra poner de manifiesto que por la Resolución 686/2016 del 14/11/2016, el Ministerio de Producción -en lo que aquí importa- expresa en el considerando “Que mediante la Resolución N ° 58 de fecha 10 de marzo de 2016 del MINISTERIO DE PRODUCCION, se declaró la apertura de examen por expiración de plazo y cambio de circunstancias, manteniéndose los derechos antidumping fijados por la Resolución N 88/11 del ex MINISTERIO DE INDUSTRIA hasta tanto se concluye el procedimiento de revisión indicado.”

Luego, en la parte resolutiva, la normativa en trato dispone en su artículo 2° “Fijase para las operaciones de exportación hacía la REPUBLICA ARGENTINA de cintas métricas, en todas sus variantes de presentación, excluidos metros plegables y los tipos usados en sastrería y excluidas las cintas métricas no metálicas para medidas anatómicas, originarias de la REPUBLICA POPULAR CHINA, mercadería que clasifica en la posición arancelaria de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 9017.80.10, un derecho antidumping definitivo bajo la forma de Derechos Específicos de DOLARES ESTADOUNIDENSES CERO COMA CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (0,57) por metro lineal”.

De la transcripción de los aspectos esenciales de las normativas administrativas aludidas, se infiere que resulta obvio que al tornarse más oneroso el monto del derecho a abonar por cuenta de la importadora de acuerdo a la Resolución 686/2016 del Ministerio de Producción, dicha empresa preconiza la aplicación del guarismo emergente de la Resolución 88/2011 dictada por el ex MINISTERIO DE INDUSTRIA que se encontraba vigente a la fecha de adquisición de la mercadería. Sin embargo, dicho tópico no fue materia de tratamiento por parte de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (en adelante CNACAF) por las motivaciones que se expresarán “infra”.

IV.- CIRCUNSTANCIAS JURIDICO PROCESALES DEL TEMA ANALIZADO:

Así las cosas, en el marco de los autos caratulados “ALLIMPORT SA c/ EN-AFIP-DGA s/Amparo Ley 16.986”, la Sra. Juez de primera instancia declaró la improcedencia de la medida cautelar con sustento en la falta de demostración de la verosimilitud del derecho, argumentando que el examen de la cuestión en diferendo excedía el acotado marco del conocimiento precautorio a la vez que obligaría a incursionar en aspectos de índole sustancial, ajenos a una medida como la peticionada.

A ello añadió la Magistrada de grado que no estaban fundamentadas las razones relativas al componente del peligro en la demora habida cuenta que resultaba factible la espera del dictado de sentencia definitiva en el proceso principal de amparo, dado los plazos breves y perentorios que rigen el mismo.

Contra la resolución desestimatoria dictada por la Jueza de grado, la accionante deduce apelación insistiendo ante la Alzada que se patentizaban en la especie los requisitos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora. En lo concerniente a este último componente aduce que su procedencia emana de la imposibilidad de disponer de la mercadería hasta que se dicte sentencia estableciéndose cuál es la normativa inherente al tema convocante, haciendo especial hincapié en que la diferencia de los gravámenes en cuestión supera el monto de medio millón de dólares. A esos fines pone de relieve el costo que implica el depósito fiscal, el vencimiento del SEGUIMIENTO INTEGRAL DE MONITOREO DE IMPORTACIONES (SIMI) que fue objeto de una medida cautelar en el marco de otro pleito y el riesgo de pérdida de la mercadería por rezago.

Contra esa línea de pensamiento, la Sala IV de la CNACAF, abordando los requisitos del peligro en la demora, sostiene que:

  1. Del sistema informático LEX 100 se desprende que se ha dictado el último acto previo a la puesta de los autos a sentencia en el principal. De allí que el tiempo que insumirá el dictado del fallo no justifica el adelanto de jurisdicción pues no puede vislumbrarse el hipotético peligro de pérdida de la mercadería por rezago.

  2. Pese a que la declaración del SIMI fue oficializada el 03/11/2016, el plazo de 180 días se computa a partir de su aprobación (artículo 2° de RG AFIP 3823 y artículo 12 Resolución SC 523 – E/17) presumiéndose que se produjo con posterioridad al dictado de la medida cautelar dispuesta por el Juzgado del fuero N ° 9 en la causa 83.839/16 (autos “ALLIMPORT SA c/ M. HACIENDA Y FP – SCI y otros Proceso de Conocimiento”) no pudiendo inferirse que su vencimiento opere antes del dictado de sentencia en autos. A su vez, sobre el plazo de vigencia de la tutela cautelar dictada en la causa 83.839/16, de tres meses, la apelante no invocó las causales que obsten al pedido de una prórroga ante el Estrado donde esa tramita (artículos 5” y 19 de la ley 26.854) no surgiendo del sistema informático denegatoria de una petición de esa índole.

  3. El apelante acreditó que el costo de almacenaje de la mercadería es de $ 12.990, pero no invocó la imposibilidad de afrontarlo.

Así, dado el sustrato jurídico procesal que enmarca la especie, la Sala IV de la CNACAF, mediante voto de los Doctores Marcelo Daniel DUFFY, Jorge Eduardo MORAN y Rogelio W. VINCENT resuelve, en fecha 12 de septiembre de 2017, rechazar el recurso planteado en estos actuados “ALLIMPORT SA C/ EN -AFIP – DGA s/ AMPARO Ley 16.986” (causa N ° 38722/2017/CA1 Incidente de Medida cautelar)

Para así resolver expresa la Alzada que no se patentizan todos los requisitos exigibles para la tutela que se pretende, pues si bien la configuración del peligro en la demora puede coadyuvar a complementar deficiencias parciales de la verosimilitud del derecho y viceversa, resulta condición indefectible que ambos componentes se hallen delineados, lo cual, ante la ausencia de uno de ellos (peligro en la demora en el tema en análisis) ello determina el rechazo del recurso sin que sea menester analizar -en este caso- la verosimilitud del derecho invocado.


TITULAR DEL ESTUDIO BASUALDO MOINE PUERTO MADERO - ASESOR DE “ARCHIVOS DEL SUR SRL”